Una declaración jurada del operador reemplaza la habilitación municipal tanto para los propios depósitos fiscales como para adherirse al régimen de cargas de exportación en planta ante ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido la Resolución General 5845/2026, que modifica los requisitos documentales para habilitar depósitos fiscales y para la adhesión al régimen de cargas de exportación en planta. Este cambio busca disminuir la carga burocrática que enfrentan los operadores logísticos y de comercio exterior, sin alterar sus obligaciones legales fundamentales.
Anteriormente, quienes solicitaban la habilitación de un depósito fiscal debían presentar la habilitación municipal emitida por la autoridad competente según la jurisdicción correspondiente. Este requisito, estipulado en la Resolución General 4.352 y sus modificaciones, generaba demoras administrativas y duplicaba exigencias ya contempladas en la normativa local aplicable a cada actividad.
Qué cambia en la práctica
La nueva norma reemplaza la presentación de la habilitación municipal por una declaración jurada, en la que el solicitante declara que el predio a habilitar es adecuado para el tipo y clase de mercancía a almacenar, y que cumple con la normativa aplicable en los tres niveles de gobierno. Esta declaración tiene carácter formal y responsabiliza directamente al operador por su veracidad, evitando que el trámite dependa de los tiempos y procedimientos de cada municipio.
El mismo criterio se aplica al régimen de cargas de exportación en planta, regulado por la Resolución General 5.721. En este caso, la condición de adhesión se convierte también en una declaración jurada que acredita que la planta es apta para el tipo de mercancía a exportar, reemplazando la certificación habilitante municipal que se exigía anteriormente. Además, la norma establece que la habilitación concedida bajo este régimen tendrá una duración de cinco años, con cierre de vigencia determinado por el contrato o el certificado habilitante que venza primero.
Alcance y encuadre regulatorio
Esta medida se enmarca en el proceso de simplificación normativa que ARCA está llevando a cabo en el contexto de las políticas de desregulación económica a nivel nacional. En este marco, la agencia está revisando diferentes registros y procedimientos para identificar requisitos que generan sobrecostos o que duplican exigencias ya cubiertas por otros mecanismos de control.
Es importante destacar que la eliminación del requisito documental a nivel nacional no exime al operador del cumplimiento de la normativa municipal, provincial y nacional vigente para su actividad. En otras palabras, la habilitación municipal sigue siendo obligatoria en términos legales; lo que cambia es que ARCA ya no la exige como condición para tramitar la habilitación del depósito o la adhesión al régimen de exportación en planta.
Este matiz tiene implicaciones operativas concretas. Los operadores que no cumplan con la normativa local seguirán expuestos a sanciones por parte de las autoridades competentes en cada jurisdicción. La declaración jurada presentada ante ARCA, por su parte, genera responsabilidad directa para el declarante en caso de falsedad o inexactitud.
Impacto en la cadena logística
Para el sector de almacenamiento y distribución, la modificación reduce uno de los obstáculos más comunes en los procesos de habilitación: la dependencia de organismos municipales con tiempos variables y procedimientos heterogéneos según la localidad. En áreas con alta concentración de infraestructura logística, como el Gran Buenos Aires o los corredores del interior del país, este tipo de trámites podía extender los plazos de puesta en marcha de nuevas instalaciones.
En el caso del régimen de exportación en planta, la medida es relevante para empresas agropecuarias, industriales y mineras que cargan mercancía directamente desde sus instalaciones sin pasar por un depósito fiscal externo. La adhesión más ágil a este esquema puede facilitar el acceso de más operadores a una modalidad que, bien utilizada, reduce costos de manipulación y acorta los tiempos previos al embarque.
La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. A medida que más operadores comiencen a tramitar habilitaciones bajo el nuevo esquema declarativo, quedará por ver si la autoridad aduanera implementa mecanismos de verificación cruzada con organismos municipales y provinciales para contrastar la información declarada y mantener la integridad del sistema de control sobre los lugares operativos habilitados.
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