La Procuración del Tesoro ha presentado una moción de emergencia, alegando que los demandantes buscan convertir el proceso en un espectáculo.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha presentado una solicitud ante la Cámara de Apelaciones para frenar el proceso de “Discovery” que los demandantes han exigido, acusándolos de convertir el proceso en un “circo”.
Esta es la primera acción de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro, tras su reciente nombramiento, en el juicio más significativo que enfrenta este organismo, que representa al Estado.
La demanda, que lleva más de diez años en la corte de Loretta Preska en Nueva York, resultó en un fallo desfavorable en 2023, donde se condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones por la expropiación incorrecta de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Con intereses, la cifra supera los USD 18.000 millones.
El fallo ha sido apelado y, mientras la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York toma una decisión, se espera que Burford Capital, el principal beneficiario, intente acelerar el pago mediante diversas acciones, como solicitar el turnover de acciones y declarar al Estado en desacato.
Estas acciones han generado múltiples presentaciones y decisiones judiciales. Ahora, el Estado Argentino solicita urgentemente detener el proceso hasta que se resuelva la apelación de fondo, que determinará la validez del fallo inicial de Preska.
Solicitud de suspensión del proceso de discovery
La PTN ha exigido la suspensión inmediata del proceso de discovery posterior a la sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo. En su presentación, se solicita detener la exhibición y producción de documentos, así como la aplicación de sanciones y la audiencia probatoria programada para abril de 2026.
El 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. respaldó la posición argentina, argumentando que el discovery es excesivamente intrusivo y puede afectar principios de reciprocidad internacional, además de generar preocupaciones en política exterior. También solicitó participar en la audiencia del 16 de abril relacionada con la entrega del 51% de las acciones de YPF.
El documento presentado sostiene que la suspensión es plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, incluyendo la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens. Además, advierte que continuar con el discovery causaría un daño irreparable a la soberanía nacional y podría afectar las relaciones financieras del país.
La PTN también destacó que Argentina ha cumplido con las órdenes del proceso, presentando más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de funcionarios de alto rango. Sin embargo, los demandantes han solicitado que se declare al país en desacato y que se impongan sanciones que el Estado considera desproporcionadas.
El documento ante la Cámara de Apelaciones argumenta que la suspensión del discovery es lo correcto en esta etapa del proceso judicial, y que Argentina prevalecerá en base a los méritos del caso, que se vería “irreparablemente dañada” si no se suspende. Además, se sostiene que los demandantes no sufrirían ningún daño por la suspensión y que el “interés público” respalda fuertemente esta solicitud.
“Desde entonces, mientras se espera la decisión sobre el fondo de este Tribunal, los demandantes han convertido la producción de pruebas relacionada con la ejecución en un circo”, concluye el documento.
Cambios en la PTN
Tras los cambios en el ministerio de Justicia, se oficializó la designación de Sebastián Amerio en la PTN. Además, Santiago María Castro Videla, quien estaba al frente del organismo, pasará a ser subprocurador, sumándose a otros dos cargos similares a cargo de Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.
Keyword: juicio por YPF
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