La Provincia impulsa una Resolución para establecer estándares obligatorios en los corredores mineros, mientras refuerza controles en ruta y promueve la profesionalización de proveedores locales
La Provincia de Salta ha dado un paso significativo en la organización de la logística minera mediante el avance de un Protocolo Preventivo de Seguridad Vial. Este protocolo está diseñado para establecer estándares y reducir riesgos en los corredores relacionados con la actividad minera.
La iniciativa, promovida por la Secretaría de Minería, tiene como objetivo establecer obligaciones administrativas para las empresas que operan bajo permisos provinciales y consolidar un esquema práctico aplicable en el día a día.
Una mesa técnica para el seguimiento permanente
Como primer paso, el organismo convocó a empresas mineras y a sus áreas logísticas para abordar directamente las problemáticas viales en las rutas que conectan los proyectos con los centros de abastecimiento y exportación. En este encuentro, se centraron en la gestión del riesgo, considerando aspectos como la fatiga de los conductores, el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, las largas jornadas laborales y la tercerización del transporte. Estos factores impactan directamente en la continuidad operativa de la cadena de suministro.
El Protocolo en desarrollo delimita claramente las competencias: aunque la Secretaría no tiene control sobre el tránsito en rutas nacionales, sí puede establecer estándares obligatorios para las compañías que operan en la provincia. En este contexto, la futura Resolución fijará requisitos preventivos específicos para la operativa logística minera, elevando el nivel de cumplimiento en términos de seguridad y trazabilidad.
La propuesta incluye la creación de una Mesa Técnica Permanente de Seguridad Vial Minera, que funcionará como un espacio institucional para el seguimiento y mejora continua. Este espacio será coordinado por la Secretaría de Minería e invitará a participar a organismos provinciales, fuerzas de seguridad, áreas de salud, vialidad, municipios de corredores mineros y representantes del sector privado.
El objetivo es compartir información real, analizar datos de siniestralidad, identificar zonas críticas y evaluar tiempos de respuesta ante emergencias. Desde una perspectiva logística, este esquema busca reducir interrupciones en los flujos de transporte, mejorar la previsibilidad de las operaciones y fortalecer la resiliencia de la cadena minera, especialmente en corredores de alta complejidad geográfica.
Simultáneamente, la Provincia ha intensificado los controles en la Ruta Nacional 51, uno de los principales ejes logísticos hacia la Puna salteña. En operativos realizados a la salida de Campo Quijano, se implementaron acciones integrales para verificar la trazabilidad de las cargas, la situación fiscal y laboral de los transportistas, así como las condiciones técnicas de los vehículos de gran porte.
Estos controles abarcaron la supervisión de documentación, el cumplimiento de normativas de tránsito y las condiciones de transitabilidad de los camiones, asegurando que el transporte de minerales se realice bajo estándares adecuados. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, estos operativos refuerzan la transparencia y disminuyen los riesgos operativos asociados a incumplimientos que podrían resultar en demoras, sanciones o interrupciones en proyectos estratégicos.
La fiscalización coordinada entre áreas fiscales, técnicas, laborales y de seguridad refleja una estrategia integral: no solo se busca controlar, sino también ordenar un sistema logístico que crece al ritmo de la expansión minera en la región.
Proveedores locales y profesionalización de la cadena
En este contexto, también es crucial el fortalecimiento de los proveedores locales. Representantes de la Cámara Regional de Proveedores de la Minería de Tolar Grande han planteado a las autoridades provinciales la necesidad de profesionalizarse y ganar mayor representatividad dentro del entramado productivo.
Los servicios que ofrecen —incluyendo logística, transporte, mantenimiento de campamentos, catering y seguridad— son esenciales para el soporte operativo de los proyectos en altura. Su consolidación impacta directamente en la eficiencia de abastecimiento, en la reducción de costos indirectos y en la generación de empleo local.
La colaboración entre el sector público y privado, así como el acceso a herramientas de promoción y financiamiento, son ejes fundamentales para integrar a estos actores en una cadena cada vez más exigente en estándares técnicos, cumplimiento normativo y desempeño logístico.
Con el avance del Protocolo Preventivo, el refuerzo de controles en corredores estratégicos y el impulso a proveedores regionales, Salta establece un esquema que busca combinar seguridad, trazabilidad y competitividad. En un sector donde la logística representa una parte crítica de los costos y del riesgo operativo, ordenar los flujos y profesionalizar la cadena no solo mejora la seguridad vial, sino que también fortalece la sostenibilidad del desarrollo minero a mediano y largo plazo.
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