Un nuevo escenario para las cuentas públicas
El segundo año de gestión de Javier Milei culminó con un superávit fiscal primario del 1,4% del PBI. A pesar de la eliminación del impuesto PAIS, que significó una pérdida de ingresos cercana a un punto del producto, el Gobierno logró mantener el equilibrio, consolidando este resultado como uno de sus principales logros políticos y económicos. Para el año 2026, el Presupuesto prevé un superávit ligeramente superior, de 1,5% del PBI, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha sugerido elevarlo a 1,6% en su última revisión.
Este resultado, según el informe macroeconómico de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), se ha logrado tras un ajuste histórico. Desde el inicio de la actual administración, el gasto público nacional se ha reducido en 5,4 puntos del PBI, alcanzando niveles comparables a los de mediados de la década de 2000. Los recortes más significativos se han concentrado en la obra pública, subsidios energéticos y programas sociales discrecionales. Además, las transferencias a provincias y el gasto en salarios estatales también han disminuido, con la administración pública nacional reportando alrededor de 61 mil empleados menos que a finales de 2023.
Un ajuste diferente
A diferencia de otros períodos de consolidación fiscal, este ajuste no se ha explicado únicamente por la licuación inflacionaria, aunque los salarios públicos han sufrido una caída real significativa. Las jubilaciones, por su parte, han mostrado cierta recuperación en comparación con 2024, situándose apenas por debajo de los niveles de 2023 en relación al PBI. Este dato es crucial, ya que el sistema previsional representa el 42% del gasto primario, limitando el margen para nuevas reducciones sin una reforma estructural profunda, según el estudio del Movimiento CREA.
De cara a 2026, el propio Presupuesto del Ministerio de Economía reconoce que el camino de recortes se moderará, e incluso prevé un leve aumento del gasto primario. La desaceleración de la inflación podría ayudar a recomponer los haberes jubilatorios, mientras que las transferencias a provincias, actualmente en niveles históricamente bajos, podrían convertirse en un tema de negociación en un Congreso marcado por debates intensos, como la reforma tributaria y laboral. La inversión en infraestructura también enfrenta dificultades para mantenerse en mínimos históricos.
Dependencia de los ingresos
En este contexto, la continuidad del superávit bajo la lupa dependerá cada vez más de los ingresos. Esto no necesariamente implica un aumento de impuestos, sino que se enfoca en mejorar la eficiencia recaudatoria y acompañar la recuperación de la actividad económica. La recaudación de la seguridad social y del impuesto a las ganancias, por ejemplo, se ha reducido drásticamente en los últimos años, en paralelo a la caída del empleo formal y los salarios reales, lo que ofrece un margen para mejorar si la economía continúa su repunte. El Presupuesto estima que los ingresos tributarios crecerán 0,3 puntos del PBI.
Según el análisis del Movimiento CREA, basado en datos oficiales, después del fuerte ajuste de 2024, las cuentas públicas se estabilizaron en 2025 y seguirían una trayectoria similar en 2026. Con reformas estructurales más sensibles, como la previsional o la relación fiscal con las provincias, fuera de la agenda inmediata, el Gobierno parece optar por una estrategia gradualista en el lado de los ingresos, siendo cauteloso con las rebajas impositivas. En este marco, tributos como las retenciones podrían seguir disminuyendo de manera paulatina, pero atadas a la evolución de la actividad y de la recaudación, en un año que se anticipa más estable en lo financiero, aunque no exento de tensiones políticas.
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