Con la sanción del Presupuesto 2026 a la vista, el gobierno de Javier Milei ha presentado un segundo proyecto de ley que carece de claridad sobre su impacto fiscal y la procedencia de los fondos necesarios para su implementación.
El primer proyecto fue la reforma laboral, que incluye cambios impositivos significativos que afectarán las finanzas provinciales. Recientemente, con Patricia Bullrich liderando la iniciativa, se ha reactivado el Régimen Penal Juvenil, que contradice las afirmaciones del Presidente sobre la falta de recursos.
Además, el Poder Ejecutivo ha incumplido la ley que establece la Emergencia en Discapacidad, la cual se extiende hasta diciembre de 2027. Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al distribuir los créditos presupuestarios, no incluyó fondos para esta ley ni para la de Financiamiento Universitario, a pesar de la insistencia del Congreso.
Incumplimiento de normativas
Javier Milei justifica su negativa a cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad argumentando que la redacción de la iniciativa contradice la Ley de Administración Financiera, que exige especificar la fuente de financiamiento de los proyectos. Sin embargo, el artículo 19 de dicha ley permite al jefe de Gabinete realizar modificaciones presupuestarias para asegurar el financiamiento de medidas de protección a personas con discapacidad, siempre que no afecten los créditos destinados a «Servicios Sociales».
Esto significa que el Congreso le ha otorgado al Ejecutivo la flexibilidad necesaria para manejar los fondos, tal como sucedió durante los primeros años de su mandato, cuando no contaba con un presupuesto propio. Los montos de la última «ley de leyes» sancionada en la era de Alberto Fernández ya estaban desactualizados.
Impacto fiscal desconocido
Cuando se discutió la Emergencia en Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que estimara el impacto fiscal de la ley. Esto contrasta con la situación actual, donde se desconoce el impacto fiscal de las nuevas iniciativas. A pesar de que el Ejecutivo ha presentado proyectos sin especificar su financiamiento, se ha acusado a la oposición de querer romper el equilibrio fiscal que Milei ha proclamado.
La negativa de Milei a cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad es notable, especialmente considerando que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que se ha reactivado tras un caso de alto perfil, tiene una redacción de financiamiento similar. Esto plantea interrogantes sobre la consistencia del gobierno en cuanto a la asignación de recursos.
Reforma laboral y su financiamiento
La reforma laboral, que también se encuentra en discusión, no especifica su financiamiento, a pesar de incluir derogaciones y reducciones impositivas que impactarán en las arcas provinciales. La falta de claridad sobre el costo fiscal y la fuente de financiamiento de estas leyes plantea serias dudas sobre la viabilidad del superávit fiscal proclamado por Javier Milei, que se sitúa en un 1,5% del PIB.
En conclusión, a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, la falta de claridad sobre el costo fiscal de las nuevas leyes impulsadas por Javier Milei genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del superávit fiscal. ¿Cuánto de este superávit permanecerá si ambas iniciativas son aprobadas en el Congreso?
