El Gobierno nacional ha implementado un refuerzo de los controles y de la fiscalización sobre la importación de vehículos, autopartes y elementos de seguridad, a través de una resolución que reorganiza competencias, amplía auditorías y fija nuevos plazos y obligaciones para empresas e importadores del sector automotor.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 18/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y afecta a regímenes clave vinculados a la industria automotriz, la importación de vehículos y el mercado de repuestos.

Más control y trazabilidad

Entre los principales cambios, se centralizan funciones de control, autorización y fiscalización en la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial y en la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, que asumirán un rol más activo en:

• La fiscalización de autopartes y elementos de seguridad, tanto nacionales como importados.
• La trazabilidad de repuestos originales en el mercado de reposición.
• El control de importadores, con plazos estrictos para responder a requerimientos oficiales.

En este contexto, se refuerzan los planes de auditoría, que podrán realizarse por muestreo representativo, incluso con la participación de organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Plazos, sanciones y notificaciones

La normativa establece plazos concretos para subsanar inconsistencias en la información presentada por las empresas, que varían de 10 a 45 días hábiles, dependiendo del trámite. En caso de incumplimientos, la autoridad de aplicación podrá:

• Considerar desistidas solicitudes de adhesión a beneficios.
• Dar intervención a organismos de Defensa del Consumidor.
• Aplicar sanciones previstas en la legislación vigente.

Las notificaciones a importadores se considerarán válidas desde el momento del envío electrónico, lo que limita los márgenes para dilatar respuestas.

Impacto en la seguridad vehicular

Uno de los ejes centrales de la resolución es el control sobre autopartes y elementos de seguridad, como frenos, sistemas de retención y otros componentes críticos. La autoridad de aplicación podrá exigir certificaciones, verificar su validez y retirar del mercado productos que no cumplan con los estándares técnicos exigidos.

Además, se ajustan los procedimientos vinculados a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), habilitando extensiones y actualizaciones, pero bajo mayor supervisión estatal.

Aunque la resolución no elimina beneficios ni crea nuevos regímenes, sí marca un endurecimiento del control estatal sobre un sector sensible, priorizando la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento efectivo de las normas.

El esquema busca ordenar un entramado normativo disperso y fortalecer la capacidad de control del Estado sobre importaciones y productos que circulan en el mercado automotor.