Las obras estratégicas del sistema de transporte de energía se ejecutarán bajo el régimen de concesión, sin aporte fiscal directo. Buscan reducir riesgos de cortes y destrabar inversiones clave.
El Gobierno nacional avanzará con la licitación de obras prioritarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica mediante un esquema de concesión a privados, en el marco del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
La iniciativa fue formalizada con la publicación del Decreto 921/2025, que habilita la ejecución de proyectos considerados críticos para reforzar la red, aliviar cuellos de botella estructurales y mejorar la confiabilidad del suministro en todo el país.
Según explicó la Secretaría de Energía, las ampliaciones buscan acompañar el crecimiento de la demanda y facilitar el desarrollo de nueva capacidad de generación, especialmente en zonas donde existen limitaciones para evacuar la energía producida.
El régimen definido prevé licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo la Ley de Concesión de Obra. De esta manera, las empresas adjudicatarias estarán a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, recuperando la inversión a través de tarifas o peajes, sin comprometer recursos del Tesoro.
Entre los proyectos incluidos figuran las obras denominadas “AMBA I”, la línea de extra alta tensión de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins y el tendido Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, considerados ejes centrales para fortalecer el sistema interconectado.
El decreto delega en la Secretaría de Energía la conducción integral del proceso licitatorio —desde la elaboración y aprobación de los pliegos hasta la adjudicación de los contratos— mientras que el Ministerio de Economía ejercerá funciones de control y autoridad de aplicación.
Desde el área que conduce María Tettamanti adelantaron que la intención oficial es activar la licitación correspondiente al proyecto AMBA I durante el primer cuatrimestre de 2026.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca normalizar el funcionamiento del sector eléctrico, reactivar inversiones demoradas y mejorar la seguridad energética, en un contexto de mayor presión sobre la infraestructura por parte de hogares, industrias y economías regionales.
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