El tribunal de Apelaciones escuchó los alegatos de las partes tras una batalla judicial de alto impacto en la que el país fue condenado en primera instancia a pagar unos USD 18.000 millones
La Corte de Apelaciones de Nueva York llevó a cabo hoy la audiencia de apelación presentada por la República Argentina en contra del fallo de primera instancia emitido por la jueza Loretta Preska, quien en 2023 dictó una condena que obliga al país a indemnizar con 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
Durante la audiencia, los jueces interrogaron a fondo tanto a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de la parte demandante, centrándose en los aspectos técnicos del derecho argentino y en la idoneidad del foro estadounidense para resolver el caso.
Los mercados interpretaron la audiencia como desfavorable para Burford Capital, el bufete de abogados que adquirió los derechos para litigar en este caso hace más de diez años. Esto se reflejó en la caída de casi un 10% en el precio de sus acciones poco después de la audiencia.
“Consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense” (Giuffra)
A lo largo de la jornada, los magistrados realizaron numerosas preguntas que pusieron a prueba los argumentos de ambas partes. Según las transcripciones, se formularon al menos 23 preguntas directas a Robert Giuffra, representante de Argentina, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital.
Esta serie de preguntas se debió tanto a la complejidad del caso como a las expectativas sobre el control que los tribunales de Nueva York ejercen en situaciones como esta. Burford había anticipado que tales interrogatorios no necesariamente indican la inclinación del tribunal hacia una resolución específica.
Giuffra centró su intervención en tres puntos clave: el derecho público argentino, el derecho privado societario y la metodología para el cálculo de daños. Aunque no participaron directamente, el equipo de defensa de Argentina estuvo liderado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
YPF también defendió su postura, solicitando no ser reintegrada al proceso, ya que había sido excluida por Preska hace dos años, decisión que Burford apeló.
En un comunicado, la PTN destacó que “los abogados de la República Argentina presentaron los argumentos de manera clara y decidida, enfatizando la responsabilidad del tribunal en la correcta aplicación del derecho argentino, tal como lo haría un tribunal en Argentina”. La defensa subrayó que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas que deben ser desestimadas.
“Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la decisión errónea de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deberían intervenir en casos que pertenecen a otras jurisdicciones”, añadió la Procuración.
Defensa y ataque
La defensa argumentó que “la Corte del distrito inventó un remedio sin precedentes que no está autorizado por la ley argentina”. También alegó que “el fallo es el mayor dictado jamás emitido contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York” y que “los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino”.
Los jueces indagaron sobre la distinción entre derecho público y privado local y cómo estos mecanismos regulan las vías de reclamo. Giuffra explicó que “no creemos que la Corte debió haber tomado el caso, pero entendemos que debe revisar si la jueza Preska aplicó correctamente la ley argentina, que es el verdadero núcleo de la discusión”.
El tribunal solicitó aclaraciones sobre las opciones legales disponibles para los accionistas minoritarios que, según Giuffra, decidieron no hacer uso de ellas. Se mencionó que otros grupos sí habían recurrido al fuero comercial en Argentina, donde la Corte Suprema local derivó el caso a los tribunales administrativos por ser una cuestión de derecho público.
Los jueces también preguntaron sobre el significado de tribunal administrativo en Argentina. Giuffra explicó que existen juzgados de derecho privado que resuelven cuestiones comerciales y tribunales de derecho público que analizan reclamos contra el Estado.
Entre los puntos debatidos, se discutió si un posible reclamo indemnizatorio contractual suplantaba el procedimiento expropiatorio. Giuffra argumentó que “incluso si hay un derecho contractual, siempre está subordinado al derecho público”.
El abogado del Estado mencionó que “los demandantes ignoraron el remedio que tenían en Argentina y buscaron una decisión en la justicia estadounidense”. Resaltó que “los tenedores de las acciones expropiadas tuvieron su reclamo resuelto dentro del acuerdo de 5.000 millones de dólares que la República pagó a Repsol”.
Los jueces formularon preguntas sobre “forum non conveniens” y el eventual carácter exclusivo del camino judicial argentino. Giuffra respondió que “consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a reglas locales”.
Finalmente, la discusión abarcó la relación entre derecho público y privado argentino. Un magistrado planteó: “¿No controla el derecho público lo que dictan los estatutos societarios en una expropiación?”. Clement replicó que “el código civil argentino solo se desplaza cuando una ley lo dispone expresamente, y no existe tal desplazamiento aquí”.
Los argumentos sobre la naturaleza de la jurisdicción, la interpretación de los remedios previstos en los estatutos y la moneda para la liquidación de daños fueron el foco de atención, bajo la vigilancia de los jueces, quienes evitaron transmitir señales claras sobre sus inclinaciones durante la audiencia.
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