jueves 12 marzo 2026

El apoyo del Departamento de Justicia estadounidense es en el expediente en el cual los demandantes pidieron quedarse con las acciones de la petrolera. Se solicitó que se suspenda la medida mientras cursa la apelación

Donald Trump y Javier Milei

Como se había anticipado, el gobierno de Estados Unidos ha formalizado su apoyo a Argentina en el juicio por YPF, una demanda que se extiende por una década y que resultó en una condena en primera instancia en 2023, donde el Estado argentino fue obligado a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

EEUU se presentó como amicus curiae, o amigo del tribunal, mediante un escrito ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. En este contexto, sugirió que la corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) mientras se resuelve la apelación de Argentina”.

“El Gobierno argentino ha recibido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, indicó la Procuración del Tesoro de la Nación, que agrupa a los abogados del Estado argentino y se encarga de su defensa.

“Este respaldo es significativo y no debe ser subestimado. Recordemos que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó la opinión del gobierno estadounidense sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen desfavorable a nuestro país”, comentó el ente liderado por Santiago Castro Videla.

“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha conseguido que, en menos de un año y bajo dos administraciones distintas (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en este caso. Este hecho refleja una política exterior coherente y clara, enfocada en la defensa del interés nacional, y demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos legales del Estado argentino”, destacaron.

Además, este nuevo apoyo se suma al que el Departamento de Justicia había expresado en noviembre de 2024, cuando Joe Biden era presidente, presentando una declaración ante la jueza Preska en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones.

Es importante aclarar que estas posturas no son vinculantes y los jueces pueden evaluar estas presentaciones y fallar de manera diferente. Esto es habitual, y la jueza Preska ya falló en contra de la sugerencia del Departamento de Justicia en este mismo tramo de la demanda, que implicaba la entrega de las acciones de la empresa a Burford Capital, el principal beneficiario del fallo condenatorio de primera instancia.

Asimismo, hoy los beneficiarios del fallo contra Argentina presentaron sus argumentos para no demorar la ejecución de la sentencia.

Los argumentos de EEUU

“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, afirman los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU.

Se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que si se entregan y transfieren las acciones de YPF a los acreedores en Estados Unidos “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.

“Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”, añadieron.

Los tres documentos, uno por cada demandante, fueron firmados por Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal.

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