La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos suspende temporalmente la orden de entregar las acciones de YPF
El tribunal de segunda instancia concede una prórroga para que las partes puedan presentar sus argumentos
Argentina ha logrado un respiro en el ámbito judicial estadounidense. La Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York ha decidido suspender de manera preventiva la orden emitida por una jueza de primera instancia que obligaba al Gobierno argentino a transferir en un plazo de 72 horas las acciones de YPF, la principal compañía estatal, a los fondos demandantes.
La secretaria de la Cámara de Apelaciones ha indicado que “el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”. Esta decisión judicial evita que Argentina sea declarada en desacato por no cumplir con la orden de la jueza Loretta Preska y otorga más tiempo a las partes para presentar sus argumentos ante la Cámara que revisará la condena inicial contra Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de la empresa a la petrolera española Repsol, sin ofrecer las mismas condiciones a los demás accionistas.
En 2023, el fallo de primera instancia de Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los fondos Burford y Eton Capital. Hace dos semanas, la jueza había ordenado la transferencia del 51% de las acciones de la compañía en manos del Estado argentino como parte del pago.
Al momento de la estatización en 2012, el 57,5% de YPF pertenecía a Repsol, mientras que el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazi, y el 17% estaba en manos de inversores minoritarios. En 2014, el Estado argentino acordó pagar 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% de las acciones que había expropiado.
Burford Capital, un fondo que se especializa en la compra de derechos de juicios de empresas en quiebra para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, adquirió en España gran parte de las acciones de YPF que pertenecían a las sociedades insolventes del Grupo Petersen y presentó su caso ante la Justicia de Estados Unidos junto a Eton Park, uno de los accionistas minoritarios.
La jueza Preska excluyó a la petrolera del litigio, que mantiene el 49% de las acciones en manos privadas. Esto implica que el Estado argentino debe asumir el pago si el fallo se mantiene firme. A la cifra dictada por la jueza se le suman intereses significativos, que aumentan en dos millones de dólares por día.
El Gobierno argentino enfrenta serias dificultades para cumplir con la sentencia, no solo porque sus reservas internacionales están en números rojos, sino también debido a que la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin la previa autorización del Congreso.
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