Causa YPF: la jueza Loretta Preska decide hoy si acepta la apelación de la Argentina

El tribunal neoyorquino define si frena la cesión de las acciones mientras avanza la apelación

La causa relacionada con la expropiación de YPF ha llegado a un punto crucial, ya que la jueza Loretta Preska en Nueva York anunciará hoy si acepta la solicitud de la Argentina para suspender la orden que la obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes mientras se resuelve la apelación.

La semana pasada, el Gobierno argentino formalizó la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En un contexto de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal ha intentado ganar tiempo y evitar la entrega de las acciones antes de que se resuelva la cuestión de fondo.

En Washington, la expectativa política se ha entrelazado con la preocupación por el impacto que podría tener un posible embargo sobre activos públicos. Este lunes era la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska en junio.

La jueza de Nueva York ha comunicado por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que decidirá hoy sobre la solicitud del Gobierno y, por ende, las posibles sanciones al país por incumplimiento mientras se mantiene la apelación. Preska también otorgó a las partes “tres días adicionales” para acudir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el jueves pasado, anticipándose a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.

“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York y Preska no va a decidir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela», aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.

Maril agregó: “Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

El Gobierno busca evitar que se concrete la entrega de las acciones de YPF, lo que, según los abogados del Estado, implicaría una pérdida definitiva de control sobre la compañía. La defensa subrayó que la ley argentina de expropiación de 2012 requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.

Para el oficialismo, permitir el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso. El Ministerio de Economía ha advertido sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, han estado al tanto de las novedades del expediente. En las últimas semanas, Caputo y su equipo han revisado los términos de la apelación y coordinado con la Procuración del Tesoro para reforzar la estrategia judicial.

En el ámbito legal, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska infringe la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y representa un ejercicio indebido de jurisdicción extraterritorial. Los abogados han enfatizado que obligar al Estado a entregar las acciones implicaría forzarlo a incumplir sus propias leyes o a modificar la normativa vigente.

El Gobierno también ha alertado que la transferencia accionaria causaría un “daño irreparable” debido a que los fondos litigantes planean vender los títulos inmediatamente después de recibirlos. Según la estrategia oficial, esto imposibilitaría revertir la situación aunque la apelación tuviera éxito en la instancia superior.

Expectativa del mercado

En el mercado local, la causa ha sido seguida de cerca por el impacto potencial en el valor de YPF, la percepción de riesgo país y el acceso a financiamiento externo. La expectativa sobre el resultado de este lunes ha marcado la agenda de consultoras, bancos y fondos en los últimos días, que evalúan escenarios de resolución para el conflicto.

La administración nacional se prepara para sostener la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. De hecho, ha anticipado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la situación lo requiere. Para los estrategas legales del oficialismo, extender los plazos es clave para preservar margen de negociación.

La sesión de hoy en Nueva York se espera como un paso técnico pero decisivo. La concesión del “stay” representaría un alivio parcial para el Gobierno, al frenar la cesión de las acciones hasta que el tribunal de alzada resuelva la apelación. En cambio, un rechazo implicaría quedar expuesto a medidas de embargo o ejecución inminente.

El proceso judicial no involucra directamente a YPF como demandada en esta instancia. La propia Preska retiró a la compañía como parte principal del juicio, centrando las presuntas responsabilidades en el Estado nacional. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, ha enfatizado que su rol es exclusivamente técnico y que la conducción de la defensa corresponde al Gobierno.

Marín ha declarado que YPF no tiene participación en el expediente ni en las negociaciones judiciales en Nueva York, y ha explicado que la empresa no forma parte de la estrategia procesal ni del equipo legal que elabora las presentaciones.

En las discusiones previas, los acreedores del fallo, encabezados por Burford y Eton Park, han exigido la entrega inmediata de las acciones. Argumentan que la demora en la ejecución menoscaba sus derechos como titulares de la sentencia, cuyo monto asciende a más de US$17.000 millones incluyendo intereses.

El origen de la controversia

El origen de la controversia se remonta a la expropiación de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF. Aunque se firmó un acuerdo con la empresa española, otros accionistas minoritarios no recibieron el mismo tratamiento, lo que desató la demanda internacional.

El juicio se tramitó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Preska dictó sentencia contra la Argentina en septiembre de 2023. Esa condena reconoció la validez del reclamo de los fondos que habían adquirido los derechos de litigar del grupo Petersen, antiguo accionista de YPF.

Desde entonces, el Gobierno argentino ha intentado, sin éxito, anular o reducir la obligación de pago, mientras se consolidaba la presión de los acreedores para ejecutar activos públicos. La apelación al Segundo Circuito busca revertir la condena o al menos frenar su implementación inmediata.